Los esfuerzos de inteligencia de cualquier organización se ven mermados si la información a la que tiene acceso tiene sesgos o está incompleta. La toma de decisiones puede verse afectada y podría derivar en líneas de acción que son incompatibles con la realidad o que no abonan a la mitigación de los riesgos a los que se enfrenta.
Ya sea por decisión o carencias en la capacidad de recolección de datos duros, las decisiones de política nacional en materia de seguridad se toman con base en estadísticas que no reflejan la realidad del contexto.
El artículo de Claudia García rescata lo que nos toca como iniciativa privada para contrarrestar esta problemática de sesgos de información: la denuncia.
Una pregunta frecuente de nuestros clientes es si deben denunciar o no los incidentes de los que son víctimas, y la respuesta es sí. Esta es la única herramienta, legal, formal e imposible de ignorar, para reflejar lo que está pasando en nuestro país. En comunicación reciente con una autoridad en funciones de seguridad y procuración de justicia, al externarle preocupación sobre tener que denunciar un caso de extorsión, nos recordó que: “todos tenemos miedo (incluyendo los órganos de gobierno)”, pero que “eso no es excusa para no ejercer lo que es nuestro deber civil; pues sólo así la autoridad puede darse por enterada de lo qué está pasando y ejercer su función”.