El interés de traer el tema del crimen organizado a la portada de Panorama Nacional con el artículo de @Claudia García Baltazar derivó de su evidente presencia e influencia en el proceso electoral que culminó el 5 de junio pasado, y se tornó aún más relevante con la noticia de la penetración de grupos criminales en cadenas productivas en municipios de Guerrero y Estado de México. Y es que estos hechos ilustran el grado de deterioro del Estado de derecho en nuestro país.
Las estructuras del crimen organizado han sido capaces de desarrollar “gobiernos” ilegales en comunidades abandonadas por autoridades estatales y federales, que dan espacio a un fenómeno que, tememos, se replique. Lamentablemente no hay sector que pueda argumentar que no tiene un riesgo de penetración o incluso cooptación por parte de estos grupos.
Abruma pensar cuál será el límite para aceptar que se requiere un cambio de estrategia en materia de seguridad. En este contexto, los organismos sectoriales y empresariales son fundamentales para “despersonalizar” la respuesta para contener este fenómeno y para presionar a la autoridad para realizar su función de Estado.